Desde 2005, cuando se aprueba el proyecto de urbanización del parque empresarial de Nantes, hasta la  incautación del aval en 2011 pasaron 6 años. Tiempo de sobra para que los propietarios del suelo fueran capaces de concluir las obras. 

Como no fue así y Bruesa, la constructora que eligieron los propietarios, quebró, en junio de 2011 el Concello incautó 2.584.459€ del aval, que previamente había exigido a la empresa. Gracias a la incautación del aval la constructora no se “fue de rositas”, como ha ocurrido en otros sitios.  

4 meses después de tomar posesión el actual gobierno, el alcalde y la concejala de urbanismo en una reunión celebrada en la casa de cultura de Nantes, facilitaron a los propietarios la información que estaban reclamando.

Que quedaban 1.534.439€ del aval, las obras que se habían realizado con el dinero gastado y las pendientes están valoradas en 1.138.902€.  Más los 476.125€ comprometidos para la mejora de la conexión con la depuradora de Meaño.  

Un mes después, en una segunda reunión en el Pazo Emilia Pardo Bazán, el acalde volvió a informar con más detalle sobre las cifras facilitadas en la anterior reunión. En concreto, se redujo la cantidad que tendrían que aportar los propietarios, una vez agotado el aval, que finalmente quedó fijada en 638.391€.    

El 1 de diciembre el Concello entregó al Consejo Rector de la Junta de Propietarios un convenio - hoja de ruta con los datos anteriormente mencionados y el tiempo de ejecución de las obras pendientes. En ese documento el Concello se compromete a:  

• Licitar en 2 meses todas las obras pendientes. 
• Ejecutarlas en 4 meses más. 
• Y entregar el parque en 2 meses desde la certificación de las obras. 

Además, tal y como solicitaron los propietarios, el convenio deja abierta la posibilidad de reclamar a la justicia las compensaciones patrimoniales que consideren. 

Desde octubre hasta hoy el gobierno ha demostrado implicación y generosidad aceptando todas peticiones de los propietarios. Se les ha facilitado toda la información que venían reclamando y hemos aceptado compromisos muy concretos sobre la licitación y ejecución de las obras. En conclusión, el gobierno ha hecho todo lo que está en su mano para desatascar la situación.    

El lunes los propietarios podrán elegir entre una hoja de ruta que contempla la entrega del parque en 6 meses o de lo contrario asumirán el riesgo de que su puesta en marcha se retrase mucho más, con los inconvenientes y costes que ello puede suponer. 

Si la prioridad de todos los propietarios es que sus parcelas puedan acoger empresas lo antes posible, propias o de terceros interesados en comprárselas, no tenemos ninguna duda que apoyarán la hoja de ruta que les proponemos y que implica un esfuerzo importante de los políticos y los técnicos del concello.   

Pero, si hay propietarios que más más allá de sus parcelas tienen otros intereses, entonces corren el riesgo de perjudicar al resto y finalmente también a ellos mismos, porque el gobierno tiene dos líneas rojas que nunca va a traspasar. Con el dinero de los vecinos no se pagan desarrollos de suelo privados y el parque se va a gestionar con el máximo respeto a la legalidad.